Guillermo Moreno fue condenado a 3 años de prisión por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado hoy a tres años de prisión condicional en el juicio oral por la presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Institituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el último semestre del 2007. La medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py que además condenó a Moreno a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El ex funcionario fue encontrado culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos.

Esta es la tercera condena que recibe el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tiene una de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y la segunda a dos años de prisión en suspenso por el caso de los “¿Casco o guantes?” en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Los dos están bajo revisión y la de hoy podrá ser apelada por su defensa a la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, el Tribunal Oral condenó a Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilutación para ejercer cargos públicos y absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas del caso. El fallo fue firmado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.

Las condenas no son de cumplimiento en una cárcel y Moreno y Paglieri deberán someterse a reglas de conducta como fijar residencia y cumplir las normas del Patronato de Liberados. Los jueces darán a conocer el próximo 4 de septiembre los fundamentos del fallo y a partir de allí las partes podrán apelar.

Moreno escuchó su condena por videoconferencia, como el resto de las partes mientras que los jueces estuvieron en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, y a la mañana había dicho sus últimas palabras ante el tribunal. “Hay un viejo dicho que es `hechos, pruebas y derecho`. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, había dicho el ex funcionario.

Moreno también señaló que lo que hubo fue un alegato académico de parte del fiscal Diego Luciani que junto con José Ipohorski acusaron a Moreno de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica. y pidieron que sea condenado a cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“El alegato de Luciani fue inteligente. No tenía pruebas y apeló a un juicio académico. No puede el fiscal evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno cuando lo que se juzga es un semestre. Eso es un error garrafal”, había dicho en sus últimas palabaras.

Para pedir la condena, la Fiscalía había señalado que “a martillazos bajaban los índices”. “La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, sostuvo Luciani en sus alegatos. Y agregó: “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”.

En sus alegatos los fiscales le pidieron al Tribunal Oral que abra una investigación contra la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli. Sostuvieron que el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que entienden que se debe investigar si la ex funcionaria pudo haber también cometido algún delito. Los jueces resolvieron en el veredicto que la denuncia quede a cargo de la Fiscalía.

El juicio comenzó en abril pasado y la Fiscalía señaló durante el proceso que la ley establece la confidencialidad de la información del INDEC. “De los testimonios se supo de manera unánime que, desde la llegada de Paglieri, empezaron a extraer a diario una gran cantidad de fotocopias de los formularios de índices que se acumulaban en carpetas para que luego Paglieri las sacaba del organismo”, señaló Luciani, y explicó que las fotocopias las hacían Filia y Cámpora Avellaneda.

Por su parte, el fiscal Ipohorski señaló que para lograr que los índices de inflación sean bajos, se introdujo un sistema de topes de precios que no podían superar el 15 por ciento de aumento por producto. La Fiscalía también señaló que en el INDEC había policías de civil que controlaban a los empleados y algunos de ellos llegaron a ser encerrados en oficinas. También hubo despidos y retiro de contraseñas o de tareas.

Las defensas de los cuatro acusados rechazaron las acusaciones y pidieron sus absoluciones. “Nunca moreno recibió copia u originales de encuestas de inflación. Ni sabia que existían”, dijo Alejandro Rúa, abogado del ex funcionario, en sus alegatos.

Rúa recordó la declaración de Moreno en el comienzo del juicio en la que relató que el cargo de secretario de Comercio Interior se lo ofreció Néstor Kirchner en 2006 cuando era presidente de la Nación. Rúa señaló que el pedido era “generar un marco de coordinación que pueda llevar a la inflación por debajo del 10%” y que para eso Moreno llevó a cabo una “política de conversación de precios”. “Conversación con todos los sectores de la economía, no algunos, él administró y coordinó todos los precios de la Argentina”, sostuvo la defensa y negó que haya existido una manipulación de los índices.

El que terminó hoy fue el cuarto juicio oral que afrontó Moreno y recibió su tercera condena. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.

En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.