Presentan en el Senado un proyecto de ley para reforzar las restricciones al vapeo

Se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley con el objetivo de restringir aún más el uso de productos de vapeo, especialmente entre menores de edad. El texto propone prohibir expresamente la venta y entrega gratuita de estos productos a menores, sancionar su incumplimiento con multas, clausuras y decomisos, y establecer la prohibición total de su exhibición, publicidad, promoción y patrocinio.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de proteger a los adolescentes de productos que, según la autora, “generan adicción y daños a la salud”, y señala que el uso de vapeadores entre jóvenes ha aumentado en los últimos años. Desde la organización de usuarios World Vapers’ Alliance señalan que la prohibición no impedirá el acceso a los menores, pero que impide el cambio de los fumadores a una alternativa un 95% menos dañina y eficaz para dejar el cigarrillo.

En Argentina, sin embargo, la venta, importación, publicidad y distribución de productos de vapeo ya se encuentran prohibidas desde 2011 por una disposición administrativa de la ANMAT. A pesar de ello, millones de personas utilizan estos productos, que se venden de forma informal, sin controles ni trazabilidad.

Desde la campaña Vapeo Responsable, impulsada por la organización internacional de consumidores World Vapers’ Alliance, consideran que el proyecto parte de una preocupación legítima, pero que profundiza un modelo prohibicionista que ha fracasado en sus propios objetivos: “la venta y publicidad de productos de vapeo está prohibida hace más de una década, lo que ha fomentado el crecimiento del mercado informal y facilitado el acceso a los menores de edad. La solución pasa por regular el producto, controlar su venta y acabar con el mercado negro”, comentaba el portavoz de la campaña, Alberto Gómez Hernández.

La organización de usuarios celebra que se ponga de manifiesto la necesidad de medidas para frenar el vapeo infantil, pero advierte de las carencias de la propuesta: “Apoyamos que se prohíba la venta y entrega de productos de vapeo a menores y que se sancione a quienes incumplan esta norma. Pero eso ya debería estar ocurriendo hoy. El problema es que, al no haber regulación, no hay forma de controlar nada”.

¿Y los adultos fumadores?

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición total de publicidad y promoción. En este sentido, desde la campaña alertan sobre el riesgo de impedir que los adultos fumadores conozcan que existen alternativas menos dañinas al cigarrillo.

“Prohibir la publicidad por completo impide que la gente acceda a información clave. Vapear es al menos un 95% menos dañino que fumar y es la herramienta más efectiva para dejar el cigarrillo. Esa diferencia hay que comunicarla, no ocultarla”, sostuvo Gómez Hernández.

Además, el proyecto no contempla ningún canal legal ni regulación que facilite a los adultos el acceso a estos productos como herramienta para dejar de fumar. En la práctica, esta omisión refuerza el statu quo: la falta de mercado formal fomenta el crecimiento del mercado informal, que permite el acceso a los menores a productos sin control sanitario.

“Mientras no se promueva un mercado regulado y legal, el mercado informal va a seguir creciendo. Y mientras eso ocurra, los menores van a seguir accediendo sin barreras, y el Estado no va a tener herramientas reales para impedirlo”, advirtió Gómez Hernández.

Tiendas especializadas: la solución que proponen los usuarios

Desde la campaña Vapeo Responsable, proponen un modelo claro para abordar simultáneamente el problema del acceso de menores y la necesidad de alternativas legales para adultos fumadores: la venta en tiendas especializadas, con verificación obligatoria de edad y controles estrictos.

Este tipo de establecimientos permitiría:

• Garantizar que solo los adultos accedan a los productos mediante documentación.
• Informar adecuadamente sobre el uso responsable y los riesgos.
• Ofrecer productos calidad controlada y trazabilidad.

“Una regulación moderna tiene que incluir canales de venta legal que estén fiscalizados y que incluyan verificación de edad. Solo así vamos a poder cortar con el mercado informal y garantizar que los menores no accedan a estos productos”, explicó Alberto Gómez Hernández.

Además, señalan que este modelo es totalmente compatible con las sanciones y penalidades que propone la senadora para quienes infrinjan la prohibición de venta a menores, las cuales apoyan.