Polémica en Brasil: el Gobierno de Río de Janeiro busca vender el Maracaná para reducir el gasto público

El estadio Maracaná podría venderse tras más de siete décadas de propiedad estatal. En el marco de un plan para desprenderse de bienes públicos y reducir el déficit fiscal, el Gobierno de Río de Janeiro presentó un proyecto que habilita el desprendimiento patrimonial del mítico escenario donde se llevó a cabo el reciente cruce entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores.

Rodrigo Amorim, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, explicó: “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento del Maracaná, unos 160.000 euros por partido”. Inaugurado el 16 de junio de 1950 para el Mundial que inmortalizó el “Maracanazo”, el estadio siempre fue administrado por el Estado de Río, que asumió los costos de construcción, reformas y mantenimiento. 

Por su parte, Amorim defendió el proyecto impulsado por el gobernador Cláudio Castro (Partido Liberal), que busca desprenderse de 30 propiedades estatales para reducir el gasto fiscal. Según el legislador, la venta del estadio podría liquidarse con una ganancia de 320 millones de euros. Además, remarcó que la propuesta no busca generar ingresos principalmente, sino evitar costos derivados del abandono y reactivar esas locaciones con un uso más productivo.

Este debate económico se desarrolla en un contexto delicado: el Estado de Río de Janeiro mantiene una deuda de 1.890 millones de euros con el Gobierno Federal, que debe saldarse antes de 2026, conforme al programa de reestructuración nacional.

Igualmente, el proceso de venta enfrenta trabas legales. El Maracaná forma parte de una concesión vigente hasta 2044 otorgada al consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, cuyos dirigentes ya adelantaron que el contrato se cumplirá hasta el final. Sin embargo, hace unos meses, el Mengao hizo oficial el proyecto para la construcción de su nuevo estadio, el cual se construirá en el terreno Gasolog adquirido por la entidad. Este sería más alto que el Santiago Bernabéu y tendría una capacidad para 80 mil personas.

Ante esta situación, Castro presentó el Proyecto de Ley Complementario 40/2025, que establece que el Gobierno podrá vender inmuebles públicos, incluso aquellos actualmente concesionados al sector privado, mediante un proceso de licitación.

No es la primera vez que esto ocurre: en 2011, Eike Batista mostró serias intenciones de comprar el estadio previo a recibir la final del Mundial 2014 y de albergar parte de las disciplinas de los Juegos Olímpicos 2016. No obstante, el multimillonario dedicado al sector energético y minero, no pudo llegar a un acuerdo con el Estado.