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La intendenta de Chimbas vetó la ordenanza de Presupuesto 2026 por “avasallamiento de competencias”

Daniela Rodríguez rechazó la norma aprobada por el Concejo Deliberante al considerar que modifica partidas, redefine gastos y vulnera la división de poderes establecida en la Carta Orgánica Municipal.

Departamentales14 de enero de 2026Informate San JuanInformate San Juan
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La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, vetó la Ordenanza Nº2913-CD-2025 que aprobaba el Presupuesto de Gastos y Recursos 2026, al advertir que la norma sancionada por el Concejo Deliberante altera de manera sustancial el proyecto original remitido por el Ejecutivo Municipal y vulnera el orden institucional previsto por la Carta Orgánica Municipal.

En su comunicado oficial, la jefa comunal explicó que el rol del Concejo en materia presupuestaria es autorizante y de control, pero no ejecutivo ni gestor, por lo que no puede crear gastos, reasignar partidas, modificar prioridades ni determinar destinos del gasto, ya que dichas facultades corresponden al Poder Ejecutivo.

Entre los principales cuestionamientos, Rodríguez remarcó que la ordenanza destina alrededor de 4 mil millones de pesos para el funcionamiento del Concejo Deliberante, cifra que calificó como excesiva para un órgano legislativo municipal, y que además le permite al cuerpo deliberativo definir qué gastos se realizan, qué políticas sociales se ejecutan, qué servicios continúan y cuáles se suprimen.

También denunció que el Concejo decidió de manera unilateral incrementar la remuneración de la intendenta, lo que impacta directamente en los haberes de los concejales, ya que estos se fijan en función del salario del jefe comunal, según establece la Carta Orgánica.

A esto se suma la asignación de partidas que originalmente correspondían al Ejecutivo al Poder Legislativo, como viáticos, subsidios y contrataciones, además de la creación de una estructura administrativa paralela sin sustento legal, con nuevos cargos políticos en áreas como Eventos, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, Innovación y Participación Ciudadana, entre otras.

Finalmente, la intendenta aseguró que desde el Ejecutivo se intentaron instancias formales e informales de diálogo sin resultados y sostuvo que el veto “no responde a una opinión política, sino a un deber jurídico”, con el objetivo de preservar la división de poderes y garantizar el normal funcionamiento de los servicios municipales.

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