Redacción Informate San Juan
Al cumplirse cuatro días de la resolución cautelar de la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación de la ley penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, se presentaron tres pedidos de juicio político contra la magistrada en el Senado por supuesto “mal desempeño” en sus funciones.
Las iniciativas fueron ingresadas en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado bonaerense Alfredo Drocchi.
La cautelar dictada por la jueza en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo” dispuso la suspensión preventiva de la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
En la resolución mediante la cual suspendió el Régimen Penal Juvenil, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 en la que funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
El nuevo régimen penal juvenil, que había sido sancionado en febrero de este año por iniciativa del Gobierno nacional, establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La iniciativa contemplaba un período de 180 días de transición hasta la entrada en vigencia de la norma de forma tal que las jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras penitenciarias para alojar a población adolescente.
Al finalizar dicho plazo, se conoció el fallo de la magistrada, y desde el oficialismo y sectores políticos cercanos apuntaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El miércoles pasado, la ONG Usina de la Justicia había presentado una denuncia penal contra Pascual por supuesta "usurpación funcional y abuso de autoridad".
En paralelo solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que frenó la normativa.
Para la entidad, la determinación de la magistrada es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y viola la división de poderes, debido a que, la magistrada suspendió una norma que fue aprobada por el Congreso Nacional.
Según la ONG, la decisión de Pascual se basó en "una hipótesis de futuro" al conjeturar sobre un posible incremento de adolescentes detenidos y en consecuencia, problemas de alojamiento.
