Redacción Informate San Juan
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja presentada por la defensa de la condenada Cristina Kirchner y mantuvo los embargos preventivos sobre el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y sobre distintos inmuebles pertenecientes a las sociedades Hotesur y Los Sauces.
La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, en el marco de la ejecución de la condena de la causa Vialidad.
Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025.
A partir de esa condena, el Tribunal Oral Federal N°2 avanza con el decomiso dispuesto contra los responsables, cuyo monto fue actualizado a $684.990.350.139,86. El tribunal ya ordenó avanzar en una primera etapa sobre 111 bienes vinculados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que actualmente se encuentran en proceso de tasación.
En una segunda fase, el TOF 2 dispuso el pasado 11 de agosto el embargo preventivo de diferentes propiedades pertenecientes a Hotesur y Los Sauces, sociedades cuyos actuales accionistas son Máximo y Florencia Kirchner, mientras se determina si esos activos también deben ser decomisados.
Entre los bienes alcanzados aparece el departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina cumple prisión domiciliaria. También fueron incluidos un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera del Complejo Madero Center, en Puerto Madero, además de terrenos y edificaciones situados en Santa Cruz. El listado incluye además el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
La defensa de la expresidenta cuestionó los embargos al sostener que esas propiedades no constituyen instrumentos, producto ni provecho del delito juzgado en Vialidad. También argumentó que Cristina Kirchner estaba habilitada para apelar pese a que los bienes pertenecen a sociedades cuyos accionistas son sus hijos, debido a que la cautelar se origina en la ejecución de su propia condena.
Uno de los puntos centrales del planteo fue la situación del departamento donde reside. Sus abogados señalaron que la medida podría derivar en el desapoderamiento definitivo del inmueble y dejarla sin la vivienda en la que actualmente cumple su pena.
Casación, sin embargo, rechazó ese argumento. Los magistrados recordaron que por el momento se trata exclusivamente de un embargo preventivo y que el Tribunal Oral todavía no resolvió si corresponde el decomiso definitivo de esos bienes.
