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El conflicto por el paro de colectivos en San Juan sumó este jueves un nuevo capítulo y llegó a la Justicia. El Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán, ordenó levantar las medidas de fuerza y restablecer de manera inmediata el servicio de transporte público de pasajeros.
La decisión surgió luego de un amparo presentado durante las primeras horas de la jornada por la Fiscalía de Estado, acompañado por un pedido de medida cautelar. Según explicó el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, el planteo buscó que se dispusiera judicialmente el cese de cualquier retención de tareas.
El magistrado hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar innovativa, mediante la cual ordenó el levantamiento de la protesta y la restauración del servicio. La resolución debe comenzar a cumplirse una vez que sean notificadas las partes involucradas, entre ellas la UTA y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).
La medida de fuerza comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando los choferes nucleados en la UTA iniciaron una retención de servicios en reclamo por diferencias salariales.
La Subsecretaría de Trabajo había dictado ese mismo día la conciliación obligatoria, mediante la Resolución N° 198-ST-2026, y había ordenado restablecer la prestación del servicio. Sin embargo, la UTA decidió mantener la protesta durante este jueves ante la falta de una respuesta que, según el gremio, permitiera resolver el reclamo salarial.
El gremio sostiene que existen diferencias salariales acumuladas y reclama el cumplimiento de la escala acordada el 23 de septiembre. Ese acuerdo contemplaba, entre otros puntos, un incremento del 10,5% sobre los salarios totales con vigencia desde septiembre, además de un reintegro de gastos de $3.000 por jornada y una gratificación extraordinaria de $60.000.
Este jueves, los trabajadores se concentraron frente a la Subsecretaría de Trabajo, donde se desarrolló la audiencia convocada en el marco de la conciliación obligatoria. Desde la UTA habían ratificado que mantendrían la medida mientras no se resolvieran los montos reclamados.
En su presentación, la Fiscalía de Estado planteó la afectación que genera la interrupción del transporte público sobre distintos derechos de los usuarios, entre ellos el acceso a la salud y la educación, el derecho a trabajar y el derecho a transitar.
Ahora, con la resolución judicial, la continuidad del paro queda alcanzada por una orden expresa de levantar las medidas de fuerza y recuperar la prestación del servicio.
La situación queda así atravesada por tres instancias: el reclamo salarial de los trabajadores, la negociación entre la UTA y las empresas y la intervención de la autoridad laboral y de la Justicia.
