La jueza Preska puso fin al caso YPF en Nueva York y anuló la condena de USD 16.100 millones contra Argentina

De esta manera, la magistrada formalizó el cierre del expediente ante su tribunal, en cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones del pasado 27 de marzo, que había revocado la condena contra el Estado nacional y confirmado el rechazo de los reclamos contra la petrolera.

El origen del millonario juicio por la expropiación kirchnerista

El conflicto judicial comenzó a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de YPF impulsada en 2012 por el gobierno de la condena Cristina Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, desempeñó un papel central en la operación.

La medida, presentada por el kirchnerismo como una recuperación de la soberanía energética, derivó en una demanda internacional por el supuesto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía.

Los antiguos accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park sostuvieron que el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición por las acciones restantes al tomar el control de la petrolera.

En 2023, Preska aceptó ese planteo y condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 16.100 millones, entre daños e intereses. El litigio, financiado en parte por Burford Capital, expuso al país a una obligación multimillonaria y abrió la posibilidad de ejecutar activos argentinos en el exterior.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió esa decisión en marzo de 2026, al considerar que los reclamos contractuales no podían prosperar bajo el derecho argentino en los términos establecidos por la jueza.

Un triunfo judicial para Argentina y el Gobierno de Milei

La nueva resolución de Preska constituye la formalización de aquel resultado favorable, que elimina la condena multimillonaria que enfrentaba el Estado argentino y mantiene firme el rechazo de los reclamos contra YPF.

El resultado también representa un alivio para la administración de Milei, que debió afrontar las consecuencias judiciales de una expropiación realizada más de una década antes de su llegada a la Casa Rosada.

No obstante, los demandantes todavía intentan que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Por ese motivo, el expediente quedó cerrado ante Preska, aunque todavía existe una vía extraordinaria de revisión judicial.