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La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que la Justicia ordenara detener a Ariel Vallejo, titular de la firma financiera y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que el empresario incumplió las obligaciones que le habían impuesto para continuar el proceso en libertad.
Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de presentación mensual ante la Policía Federal, el incumplimiento en la obligación de informar su domicilio efectivo y la entrega incompleta o fuera de término de vehículos que se encontraban bajo medidas judiciales.
Según los fundamentos de la resolución, esas situaciones impidieron establecer con certeza dónde residía el financista, un aspecto que el magistrado consideró relevante para evaluar los riesgos procesales.
Vallejo está investigado por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La causa también contempla posibles maniobras de evasión tributaria y operaciones financieras que están bajo análisis judicial.
En el expediente se examinan movimientos de fondos a través de sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de la adquisición de bienes que habrían sido pagados en efectivo. Los investigadores buscan determinar el origen del dinero y establecer las responsabilidades de las personas y empresas involucradas.
La investigación también alcanzó a otros integrantes del entorno empresarial de Vallejo, entre ellos su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y contempla nuevas medidas para ampliar las declaraciones de personas ya imputadas.
Sur Finanzas mantuvo vínculos comerciales con la AFA y con distintos clubes del fútbol argentino. La cercanía de Vallejo con Claudio “Chiqui” Tapia convirtió el expediente en una causa de fuerte repercusión pública.
La investigación continúa en curso y deberá avanzar sobre las presuntas maniobras denunciadas y la participación que habría tenido cada uno de los involucrados. Las acusaciones deberán ser acreditadas en el ámbito judicial y rige para los imputados el principio de presunción de inocencia.
