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Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales y financieras más graves de los últimos años. El Congreso destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, luego de responsabilizarlo políticamente por su presunto vínculo con el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.
La decisión fue adoptada por el Senado, donde los 44 legisladores presentes votaron a favor de la condena por mal desempeño de sus funciones. El proceso se desarrolló en apenas dos días y terminó con la salida anticipada del mandatario, quien había asumido en agosto de 2023.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana quedó como sucesor constitucional para completar el período presidencial hasta agosto de 2028.
Pero el escenario se volvió todavía más complejo horas después: la Fiscalía ordenó la detención de Peña en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con el escándalo bancario. La medida establece que permanezca en su domicilio hasta ser convocado a declarar. También fue dispuesta la detención del expresidente del Banco Central paraguayo, Carlos Carvallo.
Peña negó haber cometido irregularidades y las responsabilidades penales todavía deberán determinarse en la Justicia.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado y contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
El Banco Central de Paraguay dispuso su intervención el martes, luego de detectar graves problemas de solvencia. Según los datos difundidos durante la crisis, el índice de solvencia había caído a cerca del 6%, frente al mínimo legal exigido del 12%.
La medida dejó temporalmente inmovilizados los depósitos de millones de personas, que no podían retirar sus ahorros ni utilizar normalmente sus tarjetas y servicios bancarios.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la presencia de fondos públicos dentro de la entidad. Ueno había acumulado más de 800 millones de dólares provenientes de organismos estatales, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar los recursos jubilatorios, mantenía importantes depósitos en el banco.
La acusación contra Peña apuntó particularmente a unos 355 millones de dólares del fondo previsional que habrían sido depositados por encima de los límites legales.
Los legisladores también cuestionaron los posibles conflictos de intereses del mandatario, quien había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado propietario del banco, hasta 2025. Además, señalaron la designación de un exdirectivo vinculado a la entidad al frente del organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
La salida de Peña estuvo precedida por una serie de acontecimientos que aceleraron la crisis política.
El jueves, después de perder el respaldo de importantes sectores de su propio partido, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), el mandatario presentó formalmente su renuncia ante el Congreso.
Sin embargo, los legisladores no aceptaron su dimisión y resolvieron continuar con el juicio político.
La diferencia tenía una consecuencia institucional importante: si Peña se retiraba mediante una renuncia, podía acceder a una banca vitalicia en el Senado, con inmunidad parlamentaria. En cambio, al ser destituido mediante un juicio político, quedó expuesto a las investigaciones judiciales.
La Cámara de Diputados había aprobado la acusación por 78 votos y posteriormente el expediente pasó al Senado, que finalmente resolvió su destitución.
La defensa del mandatario había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar sus argumentos, pero el pedido fue rechazado por los legisladores.
El escándalo financiero también derivó en una investigación penal de gran alcance.
La Fiscalía abrió tres causas relacionadas con los depósitos públicos en Ueno Bank y las posibles responsabilidades de funcionarios y directivos. Entre los investigados aparecen Peña, Pedro Alliana y actuales y exintegrantes de organismos financieros y previsionales.
Además, fueron imputadas 27 personas, entre ellas Miguel Vázquez, principal accionista de la entidad, por presuntos delitos como lesión de confianza y tentativa de estafa.
Seis directivos del banco permanecen en prisión preventiva y las autoridades también realizaron procedimientos para incautar bienes vinculados con los investigados.
La orden de detención contra Peña representa un nuevo capítulo de la crisis. El expresidente deberá responder ante la Justicia por las sospechas relacionadas con el manejo de fondos públicos y las operaciones de la entidad financiera.
Mientras avanza la investigación política y judicial, una de las mayores preocupaciones en Paraguay sigue siendo la situación de los clientes de Ueno Bank.
El Banco Central comenzó a instrumentar la devolución de depósitos garantizados. En una primera etapa, se habilitaron pagos de hasta 10 millones de guaraníes por cliente, equivalentes a aproximadamente 1.600 dólares.
El organismo también informó que el sistema financiero general continúa funcionando y que el caso de Ueno constituye una situación particular.
Sin embargo, la crisis provocó protestas en Asunción, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y un fuerte cuestionamiento social por la exposición de los fondos de los trabajadores y jubilados.
La mayor organización sindical docente de Paraguay, que reúne a más de 40.000 afiliados, anunció además una huelga nacional por tiempo indeterminado a partir del lunes, en reclamo de garantías para los recursos previsionales.
La destitución de Santiago Peña también profundizó la interna del Partido Colorado y la disputa de poder con el expresidente Horacio Cartes, una de las figuras políticas y económicas más influyentes del país.
Cartes, quien había sido uno de los principales respaldos políticos de Peña, terminó acompañando el avance del proceso que derivó en su salida.
Con la destitución presidencial y la orden de detención, Paraguay enfrenta ahora un escenario de fuerte incertidumbre institucional. La crisis de un banco que concentraba los ahorros de millones de ciudadanos terminó provocando la caída del jefe de Estado y abrió una investigación que podría alcanzar a importantes referentes del poder político y financiero.
