El tribunal desestimó los pedidos de sobreseimiento y declinatoria de competencia de la defensa, considerando que las pruebas son suficientes para avanzar a juicio oral.
País07 de agosto de 2024
Redacción Informate San Juan
La Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero anunció la elevación a juicio la causa penal contra Leonardo Cositorto y otros imputados por liderar la organización Generación Zoe, que estafaba a través de un "esquema Ponzi". La fiscal del Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, lo había solicitado en febrero de este año.
El defensor del principal acusado, Guillermo Dragotto, había presentado un recurso de oposición a la elevación a juicio, por lo que el asunto pasó a tratarse en la Cámara del Crimen de Río Tercero.
El tribunal aseguró que las pruebas reunidas determinaron que las conductas de los implicados Leonardo Cositorto, Norman Prospero, Julieta Sciutti, Andrea Sánchez y Maximiliano Batista, entre otros, configurarían los delitos de asociación ilícita y estafas. Además, Cositorto posee causas en la provincia de Salta.
Según informaron medios locales, el fallo sostiene que, para que proceda el pedido de sobreseimiento planteado por los representantes de Cositorto, las causales deben ser evidentes. "Al tribunal no le debe quedar duda de la falta de responsabilidad de los imputados", agrega el documento.
Por su parte, los jueces señalaron que no hay pistas suficientes para que persista "la certeza negativa" sobre la falta de responsabilidad penal de los coimputados mencionados anteriormente.
"En efecto, de las circunstancias referidas podemos sostener que existen elementos suficientes con grado de probabilidad para elevar las actuaciones al debate oral, por ende, se debe rechazar el recurso formulado por los defensores y elevar la causa a juicio", añadieron los magistrados.
A su vez, desestimaron diferentes pedidos de nulidad, al tiempo que rechazaron los ceses de prisión solicitados por los defensores.
Además, descartaron un pedido de declinatoria de competencia, que buscaba remitir las actuaciones a la jurisdicción federal.
Fuente: NA.
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