Chubut, la primera provincia del país en condenar a los "ñoquis"

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró el fallo que sentenció a la ex ministra de Familia de la anterior gestión, y a su grupo de colaboradores, por el delito de fraude a la administración pública. "Sienta un precedente importante, sobre todo de cara a la ciudadanía, que hace mucho tiempo viene exigiendo transparencia a la política", expresó.

El gobernador Ignacio "Nacho" Torres destacó que Chubut es la primera provincia del país en la que se dictó un fallo condenatorio en una causa por "ñoquis", vinculado con hechos de corrupción sucedidos durante el gobierno provincial de Mariano Arcioni.

El actual mandatario chubutense calificó el fallo como "ejemplar", luego de que la ex ministra de Familia de la anterior gestión provincial, Cecilia Torres Otarola, fuera condenada a tres años y medio de prisión por el delito de fraude a la administración pública, en el marco de una serie de nombramientos de colaboradores y asesores que no concurrían a sus puestos de trabajo y, en algunos casos, cumplían funciones en el domicilio particular de la funcionaria.

"Estafaron a todos los chubutenses"
En tal sentido, Torres sostuvo que "se trata de una condena sumamente importante, no solo en términos jurídicos, sino de cara a la ciudadanía, porque durante muchos años una funcionaria provincial, y el grupo de delincuentes que la acompañaba, estafó a todos los chubutenses, y hoy nuestra sociedad empieza a ver que la corrupción tiene consecuencias, algo que parecía imposible durante los gobiernos anteriores".

La condena a la ex funcionaria y sus colaboradores "sienta un precedente importante, en un contexto que nos obliga a trabajar redoblando nuestro compromiso hacia los ciudadanos de Chubut, que hace mucho tiempo vienen exigiendo transparencia a la política, por eso no vamos a permitir que ningún 'vivo' o 'viva' piense que puede salirse con la suya y percibir un salario sin ir a trabajar; esa época ya se terminó", apuntó el Gobernador.

"No hay lugar para los ñoquis en Chubut"
Por otro lado, Torres remarcó que "uno de nuestros principales compromisos durante la campaña, y antes de asumir al frente del Ejecutivo, fue el de administrar un Estado transparente: por eso dimos marcha atrás a todos los nombramientos e ingresos realizados por el Gobierno anterior a pocos meses de que terminar su gestión, y llevamos adelante el primer censo integral de empleados provinciales".

"El resultado del relevamiento nos permitió ir a fondo contra muchos 'vivos' que cobraban un sueldo sin ir a trabajar, lo que hoy nos permite ratificar que en Chubut no hay lugar para los 'ñoquis'", señaló el titular del Ejecutivo provincial, concluyendo que "vamos a continuar administrando un Estado eficiente, capacitando y fortaleciendo nuestro recurso humano, para beneficio de todos los chubutenses".

La primera causa por "ñoquis" en Chubut
En el marco de la causa "Ñoquis Calientes" y a través de la resolución emitida por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri, la ex ministra de Familia durante la gestión de Mariano Arcioni, Cecilia Torres Otárola fue condenada a tres años de prisión en suspenso por diversos delitos contra la administración pública.

La ex ministra había sido llevada a juicio por la contratación de asesores y colaboradores a los que, de acuerdo a lo probado durante la causa, les exigía el 50 por ciento de sus salarios en calidad de "retorno"; entre dichas personas se encontraban una niñera y un jardinero contratados previamente de manera particular por la entonces funcionaria, y que hasta entonces cumplían funciones en su domicilio particular.

Los integrantes del tribunal colegiado que llevó adelante el juicio, también resolvieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la ex funcionaria, al ser hallada culpable en cuatro hechos de delito de fraude a la administración pública, y tres hechos de exacciones ilegales por el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores.

En tanto que, para cuatro de sus colaboradores, se dictaron penas de dos años de prisión en suspenso, con determinadas reglas de conducta, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos por el delito de defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.