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SUPARA determinó intensificar el plan de lucha con un paro nacional y apagón informático en todas las dependencias aduaneras
País03 de abril de 2025En el contexto del conflicto salarial que se arrastra desde comienzos del año, el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) decidió llevar a cabo nuevas acciones de protesta esta semana. El paro está programado para este jueves 3 y viernes 4 de abril, e incluirá un apagón informático en todas las oficinas del país.
La decisión fue tomada por el Plenario Nacional de Delegados luego de no alcanzar un acuerdo en la última ronda de negociaciones con las autoridades del organismo. Según el sindicato, las discusiones salariales siguen estancadas, mientras que el Sector Oficial se mantiene firme en su postura, condicionando cualquier mejora en los sueldos a la anulación de una medida cautelar que garantiza la estabilidad laboral de los empleados.
Durante los días del paro, los trabajadores acudirán a sus puestos, pero no realizarán actividades operativas. Además, las computadoras asignadas estarán apagadas entre las 9 y las 17 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de 8 a 16 horas en el resto del país. También se llevarán a cabo asambleas informativas en todas las aduanas del territorio nacional.
Este enfrentamiento no es nuevo. A lo largo del año, el sindicato aduanero ha realizado varias huelgas, incluyendo las del 20 y 21 de febrero, así como las del 25 y 26 de marzo. En esas ocasiones, la inactividad se complementó con apagones informáticos, lo que prácticamente paralizó muchas tareas administrativas en las principales aduanas del país.
Qué reclaman
El núcleo del conflicto es salarial. El sindicato afirma que el poder adquisitivo de los trabajadores aduaneros se ha visto gravemente afectado por el aumento del costo de vida, y que las negociaciones salariales llevan meses sin avanzar. No obstante, también existe una dimensión institucional, ya que el gremio demanda el respeto a la medida judicial vigente que protege a los trabajadores de una posible disposición de disponibilidad, considerada una amenaza directa a la estabilidad laboral.
Se constató que existían irregularidades en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020 en el Geriátrico Apart Incas S.A.
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