Tres legisladores porteños presentaron un reclamo formal ante Anses para que se le suspenda el beneficio al expresidente, acusado en la causa Seguros.
Política 12 de julio de 2025
Redacción Informate San Juan
La presión política y judicial sobre el expresidente Alberto Fernández suma un nuevo capítulo. Tras su procesamiento por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como Seguros, tres legisladores de la ciudad de Buenos Aires reclamaron ante la Anses que se le suspenda la asignación mensual vitalicia que percibe por su paso por la Presidencia.
La presentación fue firmada por Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del interbloque Confianza Pública. En el escrito dirigido al titular de la administración, Fernando Bearzi, los legisladores solicitaron la inmediata suspensión del beneficio, argumentando que “representa un enorme perjuicio al erario público”.
Según datos oficiales citados en el documento, Fernández cobra actualmente $ 8.877.518,67 por mes, lo que equivale a más de 24 jubilaciones mínimas. “¿Qué mensaje se está dando si un expresidente procesado cobra millones y un jubilado común tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos?”, cuestionaron.
El argumento legal: privilegios bajo sospecha
Los firmantes sostienen que la Ley 24.018, que otorga este tipo de beneficios a expresidentes y otros funcionarios, contempla que se trata de un “privilegio” sujeto a condiciones. “Si ese cargo fue utilizado para beneficio propio y se cometieron delitos, no corresponde mantener la jubilación”, plantearon.
Además, pidieron que la suspensión se mantenga hasta que haya una resolución judicial definitiva sobre la culpabilidad de Fernández.
La causa Seguros
El procesamiento dictado el jueves pasado por el juez Casanello complica gravemente la situación judicial del exmandatario. Está acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de un esquema de contratación de seguros a través del Banco Nación con brokers vinculados a su entorno cercano.
El magistrado también ordenó un embargo por más de $ 14.600 millones sobre los bienes de Fernández, al considerar que formó parte de un “plan de expansión de negocios privados” en el que participaban intermediarios favorecidos por su cercanía con el poder político.
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