La negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores sigue sin avances y se analiza otra cumbre en el CFI

Cinco días después de la durísima derrota del oficialismo en el Senado, el Gobierno rechazaba aún una convocatoria formal a los gobernadores para negociar una contrapropuesta a los reclamos de las provincias que el jueves tuvieron media sanción, y en el calendario inmediato solo figuraba hasta ayer un encuentro informal convocado para el jueves en la Sociedad Rural por su anfitrión en el que confluirían un buen grupo de mandatarios provinciales y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

No se trata de una reunión institucional, si no de una convocatoria de Nicolás Pino, titular de La Rural, que invitó a los gobernadores y a funcionarios del Ejecutivo, en lo que sería el primer deshielo tras la tensión que se acumuló en las últimas semanas y que tuvo su pico mayor el jueves, cuando los proyectos de distribución de ATN y del impuesto a los combustibles tuvieron luz verde en el Senado, y la Casa Rosada recibió un revés extra con la sanción definitiva del paquete previsional.

“Hay conversaciones permanentes y subterráneas, pero no se va a llegar a ningún acuerdo macro, en todo caso será alguna lógica de convivencia con los gobernadores de Juntos”, aseguraron en Casa Rosada en alusión a los mandatarios del PRO y la UCR. Esos gobernadores intercambiaron opiniones en los últimos días y podrían tener una comunicación virtual conjunta próximamente, y los 23 jefes provinciales y el jefe de Gobierno porteño volverían a reunirse en bloque en las oficinas del CFI de la calle Azopardo para delinear los pasos a seguir, en pleno receso parlamentario.

El gobierno intentará aprovechar ese párate legislativo. La semana pasada, cuando la derrota en el Senado ya era un hecho, la Casa Rosada hizo algunos últimos intentos para amortiguar el golpe a través de Eduardo “Lule” Menem, Lisandro Catalán y el propio Francos, el funcionario mejor valorado por los popes provinciales. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, que en la semana cenó con Javier Milei en Olivos antes de la fallida vigilia del 9 de Julio en Tucumán, prometió hacer algunas concesiones con alguna provincia en la previa de la sesión. “‘Toto’ está cada vez más metido en las decisiones”, dijeron desde la oficina de un gobernador. Por el contrario, en las provincias notaron que hubo un corrimiento del consultor Santiago Caputo de las tratativas.

Hasta ayer, el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y las provincias era incierto, pero entre los jefes provinciales existían varias certezas. Que el Gobierno había tomado nota de la mayoría alcanzada el jueves en el Senado y de que había quedado con escaso margen para no activar las conversaciones, aunque sea de manera sectorial. Y que hay altas chances de que la unión coyuntural de los mandatarios se extienda en el tiempo. “Demostramos que tenemos número suficiente para imponer algunas cosas como acuerdos para la Justicia o incluso hasta un juicio político”, advirtió ayer un gobernador aliado que está cansado del destrato del Ejecutivo.

En ese contexto, las comunicaciones entre los jefes provinciales se hicieron más intensas en los últimos tiempos, incluso entre dirigentes que, en otro contexto, deberían estar en plena disputa pública de cara a las elecciones de octubre. Y los gobernadores del PRO y la UCR que todavía se referencian en ese paraguas que se llamó Juntos por el Cambio empezaron a analizar con mayor seriedad una estrategia conjunta que intentarán desplegar después de las elecciones, en los inicios del próximo año, con otro nombre -ya hay esbozos posibles- y una nueva impronta. Para presentar una opción renovada del proyecto que llevó a Mauricio Macri en el 2015 a la Presidencia. Ese plan podría incluir, por caso, a jefes provinciales del peronismo. Hay, en principio, algo asegurado: los bloques en el Congreso, tal como se conocen, tendrán serias modificaciones después del recambio del 10 de diciembre. ¿Hace un nuevo espacio vinculado directamente a las provincias?

En el Gobierno aún no había hasta este lunes una posición homogénea en torno a qué respuesta dar a los proyectos de reparto de ATN e impuesto a los combustibles que, además del reclamo económico -la Nación recaudaría este año $1 billón solo de aportes del tesoro-, canalizaron el malhumor de las provincias por el destrato político que recibieron en este año y medio de gestión libertaria. Azuzado, para colmo, por la estrategia de La Libertad Avanza que Karina Milei desparramó en buena parte del país, y que alteró los ánimos de algunos popes provinciales. El caso más emblemático es el de Corrientes, que trastocó el vínculo con Gustavo Valdés.

Desde la puesta en escena en Tucumán con la firma del Pacto de Mayo, tras la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, no hubo ningún avance concreto. Peor aún: se cortaron casi todas las transferencias automáticas y empezaron a caer los ingresos por el reparto de la Coparticipación. La acumulación derivó en la convocatoria inédita de las 23 provincias más la Jefatura del gobierno porteño en el CFI, y la posterior presentación de los dos proyectos de ley aprobados la semana pasada en el Senado.

Hay gobernadores que incluso quieren aprovechar la movida para avanzar en el reclamo de otros temas. Por ejemplo, en la Patagonia, por las barreras sanitarias que protegen a los productores agropecuarios y que ya fue motivo de disputa entre mandatarios como Ignacio Torres, de Chubut, y la Casa Rosada.

Menos complejo pero igual de incierto es para el Gobierno la sanción del paquete previsional que el presidente ya anunció, como se preveía, que está próximo a vetar. Para esa batería de leyes, las negociaciones son menos trabajosas para para el Ejecutivo porque los mandatarios del PRO y la UCR, y algunos del peronismo, ya demostraron en la sesión de la semana pasada que están dispuestos a acompañar la política fiscal del oficialismo aún cuando no haya un gesto de reciprocidad. Las provincias supuestamente aliadas entienden que ese paquete sí podría propinarle, a diferencia de los dos proyectos consensuados en el CFI, un golpe certero al programa fiscal implementado por “Toto” Caputo. Los propios gobernadores creen, de hecho, que hay diputados que se manifestaron a favor de las provincias que están dispuestos a negociar con la Casa Rosada.

En ese lote están incluidos los legisladores del bloque del PRO, cuya conducción, a cargo de Cristian Ritondo, enfocado en estos días en el cierre de listas bonaerenses con La Libertad Avanza, tiene cada vez más dificultades para aglutinar a la tropa. Una vez terminado ese cierre, será el turno de la Ciudad de Buenos Aires: cerca del ex presidente Macri dicen que propicia un entendimiento para la boleta de senadores de octubre de la capital que tiene muy altas chances de estar encabezada por Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad fue la punta de lanza de la ofensiva final del gobierno, al menos públicamente, contra Victoria Villarruel, una jugada con la que el Ejecutivo intentó desviar la atención de la derrota del jueves en el Senado. El domingo, Milei la recibió en Olivos para el desayuno y publicitó el encuentro. Bullrich fue la primera, en la previa de la sesión en la Cámara alta, en reprocharle a la vicepresidenta su rol en ese debate del jueves. La escalada siguió hasta ayer, cuando Villarruel reposteó un comentario en redes de Claudia Rucci en el que se aludió a una foto antigua de la ministra en compañía de Néstor Kirchner y dirigentes del peronismo.

La pelea entre el Gobierno y la vicepresidenta es cada vez más descarnada, no tiene vuelta atrás, y es parte de una transición plagada de tensión política que Milei pretende despejar con un resultado favorable en octubre, para revalidar el proyecto de LLA y engrosar la tropa libertaria en el Congreso.

Por eso, en parte, el apuro de los gobernadores para forzar al Ejecutivo a liberar fondos y torcerle el brazo en una política fiscal en la que Milei ancló, hasta ahora, su programa de gobierno. El fin de semana, Federico Sturzenegger se mostró abierto a que el presidente no vetara el reparto de ATN impulsado por los jefes provinciales, con la excusa de que, de esa manera, se podría pensar en una modificación de la coparticipación federal desde el Congreso. Fue desacreditado extraoficialmente por voceros de la Casa Rosada. Con el resultado aún incierto, los gobernadores mantienen un reclamo homogéneo y una premisa: esta vez, no están dispuestos a ceder de manera gratuita.