Se promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: ya rige la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

En sintonía con este principio, quedan expresamente prohibidas la imposición de penas perpetuas o indefinidas, así como la generación de antecedentes penales permanentes.

En caso de que la detención resulte indispensable por la existencia de riesgos procesales, los adolescentes deberán ser alojados en dependencias acondicionadas específicamente para ese fin.

La ley marca una división estricta en el sistema penitenciario nacional, ordenando de forma taxativa que "queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad".

El régimen exige a los jueces tramitar los procesos "con premura", priorizando activamente los casos donde el imputado se encuentre cumpliendo prisión preventiva.

La dilación injustificada de las causas constituirá una "falta grave" y obligará a remitir los antecedentes del magistrado al ámbito disciplinario correspondiente para su sanción.

Para los casos vinculados a menores inimputables, la legislación dispone la intervención directa de la justicia civil para investigar los hechos concretos.

Los funcionarios de ese fuero tendrán la potestad legal de aplicar medidas de carácter curativo o protector sobre el adolescente involucrado.

Uno de los ejes más innovadores de la Ley 27801 es el reconocimiento expreso y formal de los derechos de las víctimas y personas perjudicadas por los ilícitos.

Los damnificados cuentan ahora con garantías legales para ser escuchados, recibir información oportuna sobre las causas y solicitar medidas directas de protección.

En los episodios donde se comprueben daños generados por adolescentes, la ley habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores, quienes deberán responder con su patrimonio.

Con la entrada en vigencia del decreto oficial, la Justicia nacional y los sistemas de seguridad inician una nueva etapa estructural en el tratamiento del delito penal juvenil en Argentina.