Redacción Informate San Juan
La defensa de Konstantin Rudnev presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la discusión sobre la prisión domiciliaria del ciudadano ruso, imputado en la causa por presunta trata de personas que se investiga en Bariloche.
La presentación cuestiona la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, notificada el 25 de junio, que declaró inadmisible la impugnación "horizontal" promovida por la defensa.
El recurso, firmado por el abogado Martín Sarubbi, sostiene que la Cámara cerró de manera "arbitraria" la posibilidad de revisar una decisión previa que, según plantea, constituye el eje del conflicto: la admisión de la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal, que permitió a Casación intervenir para revisar la concesión de la prisión domiciliaria.
Para la defensa, la fiscalía no contaba con una vía procesal válida para cuestionar la morigeración de la prisión preventiva. En ese sentido, afirma que "el recurso de casación no resulta un remedio procesal válido" para impugnar una medida de coerción de esas características.
Según el escrito, al admitir la queja del Ministerio Público Fiscal, la Cámara habilitó "un recurso inexistente en el ordenamiento procesal", lo que puso "en jaque" el beneficio de la prisión domiciliaria y provocó un "gravamen irreparable", equiparable a una sentencia definitiva y, por lo tanto, susceptible de revisión por parte de la Corte Suprema.
La defensa repasó además el recorrido del expediente. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prórroga de la investigación y de la prisión preventiva, planteo que fue aceptado por el juez de garantías de Bariloche.
Posteriormente, el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión del Fuero Federal de General Roca confirmó parcialmente esa resolución, aunque reemplazó la prisión preventiva por el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y otras medidas previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
La fiscalía recurrió esa decisión mediante un recurso de casación, que fue rechazado por el propio Colegio de Jueces por considerarlo inadmisible. Frente a esa negativa, presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente hizo lugar al planteo.
Sarubbi cuestionó esa resolución por entender que fue escasamente fundamentada. Según señaló, la Cámara se limitó a sostener que "la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación", sin desarrollar mayores argumentos.
Ante esa situación, la defensa promovió una "casación horizontal" para que otra sala del mismo tribunal revisara la decisión, bajo el argumento de que todas las resoluciones deben ser susceptibles de control, especialmente cuando considera que existe arbitrariedad. Sin embargo, ese planteo fue declarado inadmisible, resolución que ahora motivó la presentación del recurso extraordinario.
El escrito también recupera los fundamentos utilizados por el Colegio de Jueces de General Roca al rechazar el recurso de la fiscalía. Allí se sostuvo que el Código Procesal Penal Federal no contempla la revisión, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, de las decisiones adoptadas por los jueces revisores durante la etapa preparatoria del proceso.
Además, se remarcó que la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario no constituye una sentencia definitiva ni produce efectos equiparables, y que el sistema procesal debe respetar el principio según el cual la libertad es la regla durante el proceso, en consonancia con la garantía constitucional de presunción de inocencia.
La defensa insistió en que la resolución cuestionada por la fiscalía no reunía las condiciones para ser revisada mediante un recurso de casación, al no tratarse de una sentencia definitiva ni de una decisión con efectos equivalentes.
En el apartado referido al agravio federal, el recurso sostiene que se encuentran comprometidas garantías constitucionales como el derecho de defensa, el debido proceso, el doble conforme y el derecho a recurrir, todos con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.
Finalmente, el planteo solicita que el recurso sea admitido en tiempo y forma y que la Corte Suprema revoque la resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
