Redacción Informate San Juan
El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, volvió a marcar el rumbo del Gobierno en materia de reformas estructurales y apuntó directamente contra los colegios profesionales del sector inmobiliario, a los que acusó de sostener privilegios que encarecen los servicios, limitan la competencia y terminan perjudicando al usuario final.
Durante su exposición en el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario, el funcionario aseguró que la desregulación inmobiliaria será uno de los ejes centrales de la agenda oficial en los próximos meses. En ese marco, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la matriculación obligatoria y las barreras de entrada que restringen la actividad.
Sturzenegger fue contundente al advertir que “que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, y aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino el uso del poder estatal para imponer condiciones que no surgen de la competencia ni del mercado.
Según explicó, cuando una norma fija precios o limita quién puede ofrecer un servicio, en los hechos “está transfiriendo ingresos de la sociedad hacia un grupo específico”. Para el ministro, ese esquema representa uno de los tantos privilegios legales que el Gobierno busca desmontar con su programa de desregulación.
En esa línea, anticipó que el Ejecutivo enviará un paquete legislativo para avanzar sobre distintos puntos del sector, con el objetivo de eliminar trabas que encarecen la construcción y la intermediación comercial. La intención oficial es avanzar hacia un mercado más libre, competitivo y dinámico, donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones corporativas.
“La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio”, sostuvo Sturzenegger, en una frase que resume el espíritu de la política oficial: menos regulaciones, menos costos artificiales y más competencia para quienes quieren trabajar, invertir o acceder a una vivienda.
Uno de los puntos más fuertes de su presentación fue la defensa de la derogación de la ley de alquileres mediante el DNU 70/2023, una de las primeras medidas impulsadas por Javier Milei tras llegar a la Presidencia. Para Sturzenegger, la eliminación de ese esquema regulatorio permitió que el mercado volviera a funcionar después de años de distorsiones.
Sturzenegger también proyectó un escenario positivo para el mercado inmobiliario en los próximos años, basado en una Argentina con mayor estabilidad macroeconómica, crecimiento exportador y fortalecimiento de la moneda local. Bajo esa lógica, sostuvo que “los precios de las propiedades van a subir”, especialmente en zonas vinculadas al desarrollo energético, minero y agroindustrial.
Además, destacó el potencial del crédito hipotecario. Actualmente, el stock de hipotecas ronda los US$5.000 millones, pero el ministro estimó que ese número podría multiplicarse por diez si una parte de los más de US$200.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero local vuelve a los bancos.
Por último, Sturzenegger sostuvo que la construcción todavía tiene margen para bajar costos, tanto por la apertura económica como por la reducción de cargas impositivas y regulatorias. “Hoy la construcción en la Argentina está encarecida por distorsiones que podrían corregirse”, advirtió.
