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Una investigación interna de la Armada Argentina derivó en una denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en la liquidación y acreditación de haberes de personal de la fuerza. Según la documentación difundida por la institución, fueron detectadas 645 operaciones indebidas por un monto de $981.148.567,88, correspondientes al período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
El caso comenzó a ser detectado en febrero de este año, cuando durante una revisión de los haberes correspondientes a enero se advirtió que cinco integrantes del Departamento Revista habían recibido suplementos salariales que no les correspondían. Los involucrados reintegraron las sumas y, a partir de esa situación, la Armada amplió el control sobre períodos anteriores.
La revisión permitió encontrar diferencias entre las liquidaciones oficiales, los recibos de sueldo y los archivos utilizados para ordenar las transferencias bancarias. Entre las irregularidades detectadas aparecen pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incorporados a los archivos enviados al banco que no aparecían en los recibos y acreditaciones duplicadas.
También se detectaron transferencias a personas cuya vinculación con la Armada no pudo establecerse inicialmente.
De acuerdo con la investigación judicial, el mecanismo se habría producido en una instancia posterior a la elaboración de las liquidaciones habituales. Los archivos destinados al Banco Nación habrían sido modificados manualmente para incorporar determinados pagos o aumentar los importes correspondientes a algunos beneficiarios.
Una vez procesadas las transferencias, los registros internos podían ser restituidos a sus valores originales. De esta manera, las diferencias no necesariamente quedaban reflejadas en los recibos de haberes que podían consultar los agentes.
La investigación busca determinar quiénes realizaron esas modificaciones, cómo se concretaron las operaciones y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas involucradas.
Hasta el momento, la presentación judicial identifica a 23 personas, entre personal militar, civiles y personas que no tendrían vínculo laboral con la Armada. Parte del dinero fue reintegrado: según la documentación difundida, las devoluciones verificadas alcanzaban los $42,5 millones, por lo que permanecían pendientes de recuperación alrededor de $938,6 millones.
Mientras avanza la investigación administrativa y judicial, la Armada dispuso el apartamiento de nueve militares, entre ellos ocho capitanes de corbeta y un suboficial.
La medida fue adoptada en el marco de la normativa disciplinaria vigente y tendrá carácter preventivo mientras se determina la eventual responsabilidad de los involucrados. Desde la fuerza aclararon que el apartamiento no implica por sí mismo una condena y que las actuaciones continúan tanto en el ámbito administrativo como judicial.
La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N° 2, donde ya comenzaron a ordenarse medidas para establecer cómo se realizaron las modificaciones en los sistemas y quiénes intervinieron en cada etapa del circuito de pagos. La investigación incluye también peritajes informáticos sobre los equipos utilizados para confeccionar y transmitir los archivos bancarios.
La Armada aseguró que, a partir de la detección de las irregularidades, modificó parte del circuito de acreditación de haberes y reforzó los controles internos.
La causa continúa abierta y será la Justicia la que determine si existió una maniobra deliberada, quiénes fueron sus responsables y cuál fue finalmente el perjuicio económico ocasionado al Estado.
