Redacción Informate San Juan
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó este miércoles una resolución inmediata sobre la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, quien busca cuestionar su condena por corrupción en la causa Vialidad y revertir algunas de sus consecuencias judiciales, como su prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El organismo internacional aclaró que todavía no decidió si admitirá a trámite el reclamo presentado por los abogados de la exmandataria y advirtió que, incluso si acepta analizarlo, una resolución no vinculante podría demorarse varios años. "Una decisión sobre el caso de Fernández de Kirchner no es inminente", señalaron los expertos independientes del Comité ante una consulta de la agencia EFE.
Desde Naciones Unidas explicaron que, debido al elevado volumen de expedientes pendientes y la carencia de urgencia de este mismo, tanto la evaluación de admisibilidad como el tratamiento de fondo suelen requerir largos períodos de análisis.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron ante el Comité una serie de solicitudes destinadas a modificar las condiciones judiciales de la exmandataria. Entre los planteos se encuentran la suspensión de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de su prisión domiciliaria y un cuestionamiento a la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre este último punto, la defensa sostuvo que resulta "imposible que funcione con tres miembros", en referencia a la actual integración del máximo tribunal.
Cristina Kirchner cumple actualmente en su departamento del barrio porteño de Constitución una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La sentencia corresponde a la causa Vialidad, en la que se demostraron irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, destinadas al enriquecimiento ilícito de la familia presidencial.
Además de la presentación original, los abogados incorporaron una ampliación en la que denunciaron presuntos actos de intimidación y aportaron documentación vinculada con la causa Cuadernos que, según su interpretación, contradice fundamentos de la condena.
También cuestionaron la difusión de imágenes del allanamiento realizado en el domicilio de la expresidenta, donde se mostraba la bóveda del matrimonio, al considerar que podría vulnerar "derechos" supuestamente reconocidos por tratados internacionales.
