Redacción Informate San Juan
El derrumbe de Ueno Bank provocó una crisis financiera que llegó al poder político de Paraguay. La entidad, que había reunido 2,9 millones de clientes, fue sometida a un procedimiento de resolución y dejó a numerosos ahorristas sin acceso a sus depósitos. El caso terminó con Santiago Peña destituido y bajo arresto domiciliario.
La investigación también puso bajo la lupa unos US$850 millones de organismos públicos administrados por el banco, entre ellos fondos relacionados con el Instituto de Previsión Social (IPS). Mientras avanzan las causas judiciales, miles de depositantes esperan recuperar su dinero.
Ueno comenzó a expandirse en 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio y desarrolló una propuesta bancaria digital. En diciembre de 2023 obtuvo licencia plena y durante 2024 incorporó Visión Banco, lo que multiplicó su escala.
A fines de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos del sistema paraguayo y ocupaba el quinto puesto entre las entidades por volumen de depósitos. Su crecimiento, sin embargo, quedó cuestionado por operaciones con empresas vinculadas al grupo económico.
El Banco Central del Paraguay (BCP) detectó un deterioro patrimonial y el 2 de noviembre dispuso iniciar el procedimiento de resolución. Según el organismo, la solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
Una de las operaciones investigadas involucra la transferencia de una cartera de créditos por US$74,4 millones a Vinanzas SA, compañía relacionada con el grupo controlador. La Fiscalía analiza si esa firma tenía fondos propios para comprarla o si se financió indirectamente con recursos del mismo banco.
Entre los protagonistas figura Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los fundadores de Ueno y accionista de su estructura empresarial. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades por las operaciones cuestionadas.
En total, 27 personas fueron imputadas: ocho directivos bancarios y 19 personas vinculadas con compañías investigadas. Los cargos incluyen presunta lesión de confianza, tentativa de estafa e irregularidades comerciales. Las imputaciones no equivalen a condenas.
Peña había declarado antes de asumir la Presidencia una participación en Ueno Holding valuada en 6.144 millones de guaraníes. Las pesquisas también alcanzan relaciones societarias de miembros de su familia. El exmandatario negó haber cometido irregularidades.
La crisis aceleró un juicio político que culminó el 6 de noviembre, cuando el Senado aprobó su destitución con 44 votos. La Fiscalía dispuso su arresto domiciliario por una investigación de presunta lesión de confianza.
Otro nombre clave es Carlos Carvallo, quien presidió Ueno Bank hasta julio de 2023 y luego encabezó el BCP, el organismo encargado de supervisarlo. Tras dejar ese puesto, también quedó alcanzado por una orden de detención.
El entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028.
El BCP anunció una primera etapa de devolución para clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con una cuenta habilitada en otra entidad.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad. Los pagos restantes tendrán nuevas etapas; recuperar montos superiores dependerá del procedimiento. La protección de los recursos estatales también desafía al Gobierno de Alliana.
El escándalo dejó así tres preguntas abiertas: cuánto dinero podrán recuperar los afectados, quiénes serán considerados responsables y cómo recuperará Paraguay la confianza en su sistema financiero.
