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El gobernador Marcelo Orrego encabezó la firma de un acuerdo histórico entre el Gobierno de San Juan y la empresa Minera Vicuña Argentina, mediante el cual la provincia recibirá un aporte anticipado de 250 millones de dólares destinados exclusivamente a financiar obras estratégicas de infraestructura, varios años antes del inicio de la etapa de producción del proyecto minero. La comitiva de Vicuña estuvo encabezada por el director ejecutivo, Ron Hochstein y el country director, José Morea.
Se trata de un acuerdo sin precedentes para la provincia, ya que por primera vez una empresa minera realiza un aporte económico directo antes de comenzar la explotación. El mismo será remitido a la Cámara de Diputados para su ratificación por ley.
El acuerdo establece que los fondos serán fijos, no reembolsables y no compensables, y estarán destinados a ejecutar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento que potenciará el desarrollo productivo, agroindustrial, energético y turístico de San Juan.
La firma del acta acuerdo también contempla la creación de un fideicomiso de infraestructura pública, financiado con un aporte adicional del 1,5% sobre el valor bruto de facturación del proyecto, recursos que serán administrados y auditados por el Estado provincial para garantizar transparencia y trazabilidad en su ejecución.
Asimismo, el acuerdo ratifica el régimen de regalías mineras vigente, con el cobro del 3% sobre el valor bruto de facturación desde el inicio formal de la explotación.
Otro de los aspectos centrales es que permite dar por finalizada la controversia administrativa que la empresa mantenía desde 2022 respecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), otorgando previsibilidad y seguridad jurídica para el desarrollo del proyecto.
Además, Minera Vicuña asumió el compromiso de financiar con recursos propios obras fundamentales para la operación, entre ellas la construcción de la línea eléctrica y del Corredor Norte, tramo vial que unirá Angualasto con el emprendimiento minero.
Los recursos previstos en el convenio serán administrados, auditados y ejecutados exclusivamente por el Estado provincial mediante los mecanismos establecidos por la normativa de contratación pública. En tanto, el acuerdo será remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento y ratificación por ley.
La firma es el resultado de más de un año y medio de negociaciones impulsadas por el Gobierno de San Juan, iniciadas durante la feria minera PDAC y continuadas en distintas reuniones realizadas en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.
Con este acuerdo, San Juan consolida un nuevo esquema de articulación entre el Estado y la actividad minera, orientado a que parte de los beneficios de las grandes inversiones lleguen de manera anticipada a los sanjuaninos mediante obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo de toda la provincia.
