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El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Raigal, quien llevará a cabo la audiencia imputativa durante la próxima semana.
Agrupaciones de izquierda y movimientos sociales marcharán en contra de la aprobación de la ley oficialista. El Ministerio de Seguridad dispone un fuerte operativo para evitar una escalada de violencia.
PaísEn el marco de la sesión que dará tratamiento a la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, partidos de izquierda y organizaciones sociales marcharán en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la ley oficialista. Lo harán desde las 13, por lo que el Ministerio de Seguridad ya trabaja en la aplicación del Protocolo Antipiquetes.
El Frente de Izquierda, el Nuevo MAS y organizaciones sociales como el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, la UTEP, entre otras, se volcarán a las calles para exigirle a los legisladores que rechacen los cambios introducidos por la Cámara Alta y el proyecto no consiga la sanción correspondiente.
Según supo la agencia Noticias Argentinas de la cartera que lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el protocolo antipiquete se hará cumplir “como de costumbre” e involucrará a la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura en colaboración con la Policía de la Ciudad en el marco del operativo.
El desembarco de las organizaciones y partidos convocantes se hará de forma gradual. En primer lugar concentrarán las columnas de la UTEP, y luego las agrupaciones de la izquierda nucleadas de Unidad Piquetera y el Partido Obrero, el PTS, el MST, el Nuevo MAS, entre otros, que convocan para las 15.
A diferencia del tratamiento en el Senado, menos sectores se plegaron a la convocatoria a raíz de la escalada de violencia abierta en las calles cuando un grupo de encapuchados prendieron fuego un móvil de Cadena 3.
Lo cierto es que en esta oportunidad, desde la oposición consideran que la sesión será breve y que el oficialismo cuenta con los votos para aprobar las modificaciones de la ley, y -de más ajustada- el paquete fiscal con la restitución del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
Al respecto, el legislador y dirigente nacional del Partido Obrero, Gabriel Solano, planteó en diálogo con esta agencia: “La aprobación de la Ley de Bases va a ser un golpe muy fuerte a los trabajadores, en primer lugar por la reforma laboral que se implementa que no tiene nada de light".
Para el referente de la izquierda, la Ley Bases “cercena derechos, modifica el régimen de indemnizaciones, aumenta el período de prueba, crea un monotributismo de las empresas chicas, lesiona el derecho a huelga”.
“El Gobierno dijo que con esta ley la Argentina iba a empezar a crecer y está pasando lo contrario. Recibió la media sanción en el Senado y la crisis económica se profundizó: sube el dólar, el riesgo país, caen los bonos, crece la brecha cambiaria, las presiones devaluatorias. Creo que el Gobierno está en su peor momento”, caracterizó.
Por su parte, la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, aseguró: “Repudiamos la aprobación de la Ley de Bases. Se trata de un triunfo táctico de Milei que le da aire pero que expone sus dificultades, debido a que esto le costó 6 meses y con una creciente respuesta en las calles que fue importantísima ya que fue obligando al gobierno y a sus cómplices de todos los colores a retocar el proyecto de ley".
“La Ley de Bases va a salir no solo gracias a la oposición colaboracionista del PRO, la UCR y Pichetto, sino también por culpa de las direcciones peronistas y kirchneristas que se dedicaron a ser una oposición formal en el Congreso, aunque igual brindaron los votos que Milei necesitaba en el Senado, en vez de convocar masivamente a movilizar y a ganar las calles, ausentándose o retirándose temprano de la Plaza dando vía libre a la represión", concluyó.
El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Raigal, quien llevará a cabo la audiencia imputativa durante la próxima semana.
La acusación menciona a distintos presuntos responsables de la organización. También cuestiona la decisión de la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos.
Habían sido demorados por la Policía de la Ciudad. Son 71 hombres y 23 mujeres. Fueron detenidos por resistencia a la autoridad.
Esta colaboración fue organizada por la asociación Red Solidaria, con el apoyo de gremios ferroviarios y diversas entidades locales.
El Gobierno adelantó que, quienes participen en hechos violentos durante manifestaciones en la vía pública, tendrán prohibido el ingreso a los estadios de fútbol. La medida surge frente a la tensión previa por la marcha que convocaron hinchadas de fútbol para acompañar el reclamo de jubilados.
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El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Raigal, quien llevará a cabo la audiencia imputativa durante la próxima semana.
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