El Ministerio de Seguridad plantea reformas del Código Penal. Desde Misiones y Mendoza detallaron las experiencias que ya se aplican en sus territorios.
Política
Redacción Informate San Juan
Con excepción de la Boleta Única de Papel, el Gobierno reconoce una realidad: desde la ley Bases económica, no pudo conseguir el avance de ninguna de sus iniciativas en el Congreso y sus triunfos legislativos en el segundo semestre del año fueron ratificaciones de vetos presidenciales. Mientras se aleja la posibilidad -e incluso la prioridad oficialista- de consensuar el Presupuesto 2025, una de las expectativas libertarias es la sanción de reformas de seguridad que representan sustanciales transformaciones penales.
Después de haber convertido en ley la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, la prioridad se está debatiendo en el Senado: el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (o ley Antimafias) que define penalmente lo que es una organización criminal en nuestro país, colectiviza las condenas (el peor delito de cualquier miembro para todo el grupo) y brinda potestades extraordinarias a las fuerzas de seguridad (como la posibilidad de detención por 15 días por averiguación de antecedentes) en territorios determinados.
Dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni y Fernando Soto, fueron los encargados de responder las preguntas en el plenario del Senado, que no contó con la participación de ningún legislador peronista. Soto explicó el decomiso anticipado: consideró que "está bien que un juez, con la precaución debida, tome la decisión de hacerlo y si por alguna eventualidad la persona es absuelta se le devuelve el bien o el valor del bien", pero admitió que "hay un choque constitucional. Es inocente y no tiene condena, es verdad, pero no es el único estatuto que afecta garantías fundamentales y constitucionales sin sentencia firme".
Manfroni abarcó otro de los puntos imprecisos de la redacción: cómo se interpreta que una persona integra una mafia. "Puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos", dijo. Además, reconoció que "es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como éste, pero también es cierto que si hubiéramos contado con este instrumento la tarea la hubiésemos tenido mucho más adelantada y estaríamos cerca de darla por concluida" y remarcó que "esta ley nos resulta imprescindible porque necesitamos de estas facultades".
El último senador que intervino en la sesión fue el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), que aceptó que "esto probablemente tenga sus errores pero tenemos que caminar" e interpretó que "el narcoterrorismo es una realidad en América Latina" y que "la situación en Nicaragua ha hecho eclosión en Rosario, la Villa 1-11-14 y en varios otros lugares más".
Seguridad: los casos de Mendoza y Misiones
Al constituir los hechos que siempre se denuncian e implican una investigación criminal, los homicidios dolosos suelen ser utilizados como unidad de medida de los índices de seguridad de un territorio. El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal reveló que uno de los distritos que contó con una reducción más sustancial, contemplando cantidad de casos, fue el de Misiones con una caída del 38,7% en el número de asesinatos (de 71 a 44).
Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza.
“Esto tiene mucho que ver con el trabajo que hace un tiempo se está realizando con la formación de las fuerzas de seguridad”, fue el primer argumento que presentó en diálogo con este medio Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones. “Para vestir el uniforme, se requiere un título terciario -en el caso de los suboficiales- y un título universitario -en el caso de los oficiales-. Hemos reestructurado todo el sistema educativo de las fuerzas de seguridad, que antes era solamente un instituto y ahora pasó a ser una universidad”, detalló y apuntó a la siguiente prioridad: "Hay que optimizar el recurso humano y hacerlo trabajar con la tecnología de manera amigable".
Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones, el área provincial encargada de las políticas de seguridad.
El funcionario misionero recalcó que "hay un abordaje social de contención en los barrios" porque "el mismo equilibrio de orden social que hay ayuda y no hay una pobreza que lleve a un delito". A su vez, remarcó la perspectiva penitenciaria tras la inauguración de un nuevo pabellón en la cárcel de Oberá: “Tenemos un bajo índice de reincidencia y eso demuestra primero la capacitación del recurso humano del servicio penitenciario provincial que tiene la misma formación que la policía. Eso hace que se concentren en que aquel que ha cometido un delito vuelva a la sociedad en mejores condiciones para no volver a reincidir y reinsertarse con educación y deportes".
Las políticas carcelarias también fueron remarcadas por Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, que encabezó una reforma en el Sistema Penitenciario provincial este mismo año. “Pasamos de tener cuatro complejos en Mendoza a, en pocos años, tener 22 unidades penitenciarias”, cuantificó y señaló que “si vos no tenés espacio donde hacer talleres, vos no podés llevar al preso, por más buena voluntad que tenga, ni a estudiar, ni a trabajar, ni podés hacer buenos convenios”. “Queremos que realmente las empresas vengan y se instalen en la cárcel; que traigan sus máquinas. Por eso es importante la infraestructura para ver dónde podemos meter talleres y que después esos presos puedan concretar una producción mayor y a mayor escala para después generar un negocio”, analizó.
Ley Bases de Seguridad
Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:
Los diputados nacionales Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) se empujaron y pegaron durante el final de la sesión de la Cámara de Diputados.
Las autoridades de la multinacional minera le expresaron al gobernador su interés por iniciar nuevas exploraciones en San Juan, expandiendo así su actividad en la provincia.
El presidente había pedido la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras el crimen de Kim Gómez. El jefe de Gabinete aseguró que se refería sólo a temas de seguridad.
El Gobierno desvinculó a Miriam Améndola tras el escándalo por el uso de términos ofensivos en una publicación oficial. La responsabilidad también recayó en su antecesora.
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El decreto 137/2025 oficializa los nombramientos en comisión tras la falta de tratamiento en el Senado.
La iniciativa obtuvo una mayoría absoluta de 43 votos entre oficialistas, varios dialoguistas y un kirchnerismo fracturado.
El caso tiene como principales protagonistas al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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El delantero brasileño no pudo recuperarse de su lesión en el muslo izquierdo.
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El Presidente le atribuyó condiciones estacionales al incremento de las carnes y explicó que sin el aumento en el sector "la inflación hubiera sido del 1,8%".
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